A dos años del sismo del 19 de septiembre de 2017 la tragedia sigue tan viva como entonces, las familias que vieron sus casas colapsar aún no tienen la ayuda oficial que se les prometió y continúan viviendo bajo carpas, entre cartones, hundidos aún más en la pobreza y sin saber dónde quedó aquel presupuesto millonario anunciado para atender el desastre.
Integrantes de la Red Nacional de Damnificados por los Sismos Capítulo Puebla entregó al gobierno federal una carpeta con la evidencia de falta de apoyo gubernamental para quienes lo perdieron todo, el padrón de ciudadanos afectados –algunos ancianos que viven bajo lonas por no tener recursos para edificar sus viviendas derrumbadas– en el que se documenta la agudización de su situación económica que se sufre en las entrañas de la Mixteca, región identificada como de alta y muy alta marginación.
Entre los cientos de casos consta el caso de Elvira García Cedillo cuya casa en la calle Galeana 23 en el pueblo de Ayutla en Izúcar de Matamoros se derrumbó, el techo simplemente cayó sobre sus muebles, pese a petición de atención la ayuda prometida no ha llegado para la mujer de 75 años que vive en la calle.
Livia Yolanda García Sánchez tuvo que recoger los escombros de lo que fue su domicilio en calle Hidalgo 23 localidad de Ayutla animada por los anuncios de promesas de la llegada de recursos, 24 meses después no ha visto un peso, su situación se señala como “extrema”, pero su caso no es tan grave como el de Socorro Trinidad Alcoser Enriquez cuya casa en la calle Mariano Matamoros 7 también en Ayutla quedó fracturada, apenas algunos muros en pie.
Otros casos aun más severos son los de Sonia Carmona Ríos en el domicilio de Calle Tlaxcala 6 colonia La Paz en Izúcar de Matamoros o el de Ernestina Bravo Hernández, cuyo domicilio ubicada en Emiliano Zapata 30 B en el Barrio de San Juan Piaxtla, en Izúcar de Matamoros está a punto de caer, los muros están desprendiéndose poco a poco, a la fecha y pese a la insistencia de ayuda, las autoridades han sido omisas en la atención.
En esa misma situación se encuentra Francisco Cosme Isidoro Arellano en el callejón del Genio 5 en la colonia Cruz Verde en Izúcar de Matamoros.
El 19 de septiembre de 2017 un terremoto de 7.1 sacudió a Puebla, la mitad de su territorio, 112 municipios, mil 400 comunidades fueron identificados como afectados, se registraron 45 personas fallecidas y 31 mil 875 viviendas dañadas.
De acuerdo con información oficial, también fueron dañados 530 edificios históricos, mil 500 escuelas, 14 hospitales una centena de centros de salud de los cuales su reconstrucción no va más allá de 30 por ciento del total de los daños
El presupuesto asignado por el gobierno de Enrique Peña Nieto fue de 3 mil 800 millones de pesos y el gobierno de Puebla, según el reporte del gobierno del Estado en febrero de 2018 el presupuesto destinado era de 1 mil 637 millones de pesos, además se dispuso de recursos de Apoyos Parciales Inmediatos (Apin) por 115 millones de pesos
Pero a 24 meses, la Red de Nacional de Daminificados ha denunciado que no se tiene claridad del destino de ése dinero, ni quién lo recibió.
Para muchas familias no hay claridad del apoyo que les fue prometido desde la pasada administración federal que se comprometió a entregar millones de pesos para comprar material y pagar la mano de obra para la reconstrucción de su vivienda mediante tarjetas de Bansefi.
Las tarjetas fueron entregadas, pero el dinero no. Miles de familias damnificadas solo recibieron el plástico y la supuesta cuenta, a la fecha está en ceros.
Al respecto el actual gobernador y exsenador de la República, Miguel Ángel Barbosa, reconoció que recursos destinados en la entidad para la reconstrucción de escuelas y viviendas se malversaron y anunció que se abriría una investigación para dar con los funcionarios responsables.
La Red Nacional de Daminificados ha acusado de malversación de recursos públicos erogados para los sismos a nivel local así como la impunidad de funcionarios que utilizaron la tragedia para hacer negocios en la reconstrucción e incluso el lucro electoral que redujo a damnificados en “botín político” de parte de Gerardo Islas, exsecretario de Desarrollo Social del estado y quien estuvo a cargo de la entrega de apoyos, luego postulado como candidato a diputado local en la Mixteca.
Ante el gobierno federal, la Red de Puebla una vez más insistió en señalar que el candidato por la coalición Por Puebla al Frente, formada por PAN, PRD y Movimiento Ciudadano durante su campaña repartió bultos de cemento y materiales de construcción a nombre propio. Recorrió las calles derrumbadas prometiendo reconstruir las casas de un centenar de afectados, con “dinero de su bolsillo” si resultaba beneficiado en las urnas.
En entrevista con Gilberto Maldonado integrante de la comisión de la Red Nacional de Damnificados Luisa Villalba Espinosa de Chietla, y Estela Morales Gonzáles de Francisco Ibarra Ramos en Chila de las Flores, quienes asistieron a la Ciudad de México para entrevistarse con funcionarios federales, denunciaron que la corrupción, el despilfarro y engaños han prevalecido en este proceso que solo ha beneficiado a las constructoras y funcionarios corruptos sirviéndose del desastre y la crisis humanitaria.
Reconocieron que el gobierno de Enrique Peña Nieto a la par de Rosario Robles Berlanga, así como servidores públicos del gobierno poblano convirtieron la reconstrucción en un negocio y lamentaron que haya predominado éste por encima de la ayuda humanitaria.
En un posicionamiento de la Red Nacional de Damnificados de Chiapas, Oaxaca, Morelos, Puebla y CdMx criticó que el proyecto del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF)–2020, entregado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SCHP) a la Cámara de Diputados, prevé una disminución presupuestal en el Programa Nacional de Reconstrucción (PNR)
La propuesta del PEF 2020 prevé una partida de 2 mil 843 millones de pesos, que contrasta notoriamente con los 8 mil millones de pesos que se le etiquetaron en 2019, por lo que el movimiento de damnificados de Chiapas, Oaxaca, Puebla, Morelos exigirá a la Cámara Federal de Diputados para que se mejore sustancialmente la propuesta del Ejecutivo Federal.
Maldonado dijo que el monto es insuficiente dadas las dimensiones de las afectaciones a las viviendas de decenas de miles de damnificados, de cientos de escuelas, hospitales y centros de salud, infraestructura urbana y edificaciones de cultura e históricos, además este no precisa exactamente la distribución.
“Es un pírrico presupuesto para la magnitud de lo que hay que reconstruir, nos han hecho saber es que los casos de vivienda con daño total serán prioridad en el 2020 y las miles de familias cuyo hogar tuvo daño parcial deberá esperar hasta 2021 o se quedarán sin ser beneficiarios del Programa Nacional del Reconstrucción”, dijo.
Gilberto Maldonado, integrante del Consejo del Pueblo de la Región de Izúcar y electo como representante de la Red Nacional de Damnificados en Puebla aseguró que a la fecha resulta incuantificable el monto total de los daños que generó el sismo en el estado.
“El primer censo arrojó que eran más de 28 mil viviendas afectadas, pero el padrón fue levantado a modo y dejó fuera a miles de familias más, personal estatal y federal no llegó a rancherías y comunidades”, aseguró el representante.
Este martes, en el marco de la presentación de la Especialidad en Gestión Integral del Riesgo en la Universidad Iberoamericana Puebla, se reconoció que habría 31 mil 875 viviendas dañadas en el estado.
A la fecha aún se desconoce de manera precisa el padrón de afectados reales, Gilberto Maldonado reconoció que la Red Puebla ha encontrado dificultad en repetir el censo sin la estructura con la que contaba el gobierno estatal y federal, sin embargo de a poco, se ha ido juntando expedientes y documentando los casos en un censo ciudadano.
La Red en Puebla avanza conformando comités en las regiones, pero el movimiento se ve amenazado por ciudadanos con estructuras partidistas que buscan capitalizar la organización u obtener un beneficio en las convocatorias para construir el padrón real de afectados.
Luego de la reunión que sostuvo la Red de Daminificados con el gobierno federal –resultante del plantón de tres días en la plancha del zócalo iniciado el pasado 7 de septiembre– se apuntó como primer acuerdo que la Sedatu y la Conavi dar seguimiento a la situación e beneficiarios y recibir nuevas denuncias así como un censo de las comunidades donde se documente principalmente de viviendas con daño total que no han recibido el recurso para su reconstrucción.
En mes y medio habría otra reunión para dar seguimiento, apertura de mesas con CFE para tarifas eléctricas, pues la paraestatal sigue emitiendo recibos aunque las casas están derrumbadas o inhabitadas.
Agencia de Noticias Huamantla.org 