El estallido de un ducto de combustible en Tlahuelilpan, Hidalgo, que, al momento, arroja un saldo de 89 personas fallecidas, revela con enorme claridad el desastre social heredado por más de tres décadas de neoliberalismo económico y autoritarismo político en nuestro país y nos coloca frente al espejo para ver, sin filtro, el dolor de nuestra miseria colectiva. Las imágenes de la tragedia en Hidalgo podrían haber ocurrido (y todavía es posible que eso suceda) en otras comunidades de otras entidades atravesadas por ductos de gas, petróleo o combustibles procesados. No debe olvidarse que, el 19 de diciembre de 2010, una explosión similar destruyó al menos 80 viviendas y mató, según cifras oficiales, a 29 personas en San Martín Texmelucan, cuando Felipe Calderón era presidente de la República y Rafael Moreno Valle, gobernador de Puebla.
La tragedia de Tlahuelilpan es resultado de un complejo proceso de descomposición económica, social, ambiental y política que ha afectado a todo el país, pero que fue cuidadosamente prohijada por el cinismo, la arrogancia y el desprecio de todas las autoridades hacia las comunidades, especialmente campesinas. Durante el presente siglo, las tres administraciones federales previas, empecinadas en desmantelar la industria petrolera nacional para entregarla en pedazos al capital trasnacional, optaron por reducir a un mínimo insostenible los recursos para el mantenimiento de los ductos, la infraestructura y equipo de transporte de hidrocarburos de Pemex, lo cual elevó consistentemente el número de fugas, derrames y explosiones en todas sus instalaciones, que derivaron en la destrucción de tierras de cultivo, el envenenamiento de ríos (como el Atoyac, en Tlaxcala y Puebla, que se incendió por la explosión en 2010), la pérdida de biodiversidad y la afectación al abasto de agua de las comunidades. Fue en esas tres administraciones que se estructuró el robo de combustible como rama dinámica de la economía criminal mexicana y que empleó a miles de familias empobrecidas.
No es posible entender la catástrofe del huachicol en los estados de México, Hidalgo, Puebla, Guanajuato o Tlaxcala (que curiosamente no aparece en las estadísticas sobre las tomas clandestinas y las operaciones de huachicoleo en las entidades federativas), sin abordar los efectos de la política gubernamental de ocupación y despojo violento de tierras ejidales, comunales, públicas y privadas, para cederlas a empresas como Endesa, Bonatti o TransCanadá y que éstas hagan negocios al amparo de la flamante “servidumbre de hidrocarburos” que aprobó nuestro Congreso federal hace casi cinco años. Así se construyó el gasoducto Morelos en Tlaxcala, así se ha pretendido construir el gasoducto Tuxpan–Tula que tiene a decenas de comunidades en pie de lucha en la Sierra Norte de Puebla, exigiendo su cancelación, mientras que la construcción de otro ducto ha ocasionado ya asesinatos a líderes comunitarios en Chihuahua.
No podemos seguir escondiendo la cabeza bajo tierra. La explosión de Tlahuelilpan es una parte dolorosa del legado de un modelo económico orientado a la destrucción como forma de acumulación de riqueza. En la mente de los tecnócratas, el saqueo del territorio y la destrucción de los modos de vida tradicionales de las comunidades es un requisito indispensable para convertir en negocio privado y transnacional cada uno de los aspectos de la vida de las personas. La destrucción neoliberal de la vida común de los pueblos es el negocio, pero está encubierta con un discurso de “progreso” que, seguramente, escucharon los pobladores de Tlahuelilpan cuando les avisaron (no les pidieron permiso, qué va) que el desarrollo llegaría a su puerta con el ducto y que habría empleo, que bajaría el precio de los combustibles, que mejoraría su vida…
El negocio del huachicol es resultado de una estrategia múltiple dirigida a destruir el tejido social en las comunidades rurales, que lo mismo se aprovecha de la miseria provocada en la economía de los campesinos (por medio del castigo a los precios de sus productos, por el envenenamiento de sus aguas y tierras con plaguicidas químicos y residuos industriales, por la transferencia de los residuos urbanos a su espacio, por el saqueo de los bosques y selvas y, como si lo anterior no fuese suficiente, por el racismo, el clasismo, el patriarcado y el profundo desprecio hacia los pobres que sigue muy vivo entre la población mexicana), que de la falta de espacios para el mejoramiento de las condiciones de vida de los jóvenes, a quienes se ha enseñado a avergonzarse de ser campesinos, a desear “vivir tres años como rey, en vez de vivir 30 como güey”.
Ninguna estrategia contra el huachicol, el crimen organizado y el saqueo será exitosa si no atiende el fundamental problema de la reconstrucción de la convivencia al interior de las comunidades urbanas y rurales, en Tlaxcala, en Puebla, en Hidalgo y en todo México. La lucha por el rescate de nuestros territorios, nuestras cuencas, nuestra cultura y nuestros derechos debe apuntar hacia el encuentro, el respeto, el florecimiento de nuestra herencia comunitaria y la reconstrucción de la vida social como requisito indispensable para la refundación del país. Sin embargo, esa reconstrucción tampoco será posible mientras más de la mitad de la población viva en condiciones de creciente miseria (cuantitativa y cualitativa) y no se establezca un verdadero régimen de protección y promoción de los derechos humanos en el país, que sustituya al modelo, actualmente vigente, de otorgamiento de privilegios (legales e ilegales) a grupos de poder particulares, por encima del bien común.
Muchas organizaciones comunitarias, en Tlaxcala y en todo el país, han dedicado décadas a la construcción y fomento de estrategias de rescate ambiental, social, cultural y convivencial. En la memoria de las comunidades permanecen vivos el recuerdo y la esperanza de que habrá espacio para ellas en el futuro del país. Aún hay posibilidad. ¡No hay justicia social sin justicia ambiental!
Agencia de Noticias Huamantla.org 