Por enésima ocasión, concesionarios del servicio de transporte público exigieron al gobierno de Marco Antonio Mena Rodríguez la aplicación de estrategias y presupuestos eficaces y suficientes para inhibir el asalto a unidades y conductores, pues de acuerdo con Indalecio Saucedo Sánchez, integrante de la Coordinadora Estatal del Transporte (CET), se ha incrementado el número de casos en los últimos meses.
Como ejemplo de ello, citó que tan solo en el presente mes ya se registraron tres asaltos a concesionarios de taxis en diversas zonas de la entidad, los cuales se han cometido con lujo de violencia, abundó el dirigente transportista en entrevista colectiva que concedió antes de solicitar una reunión con autoridades de la Secretaría de Gobierno (Segob), la mañana de este lunes.
Cuestionó que la administración estatal se encuentre en una situación de “ensayo” en el combate a la delincuencia, pues “ya cuántos secretarios (de Gobierno) y cuántos procuradores (de Justicia) (han sido nombrados), debemos pedirle al gobernador que ya haya elementos que den una”.
Saucedo Sánchez refirió que de estos reclamos ya tienen conocimiento las autoridades estatales, pues en una reunión celebrada en octubre pasado se ha firmó una minuta con la Segob, la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) y la Comisión Estatal de Seguridad (CES) para dar seguimiento a las acciones para combatir la delincuencia en las carreteras.
“Los compañeros han venido una y otra vez y les responden que ahí les llaman, la famosa burocracia. No podemos seguir con las manos y los brazos caídos, las acciones nos están rebasando y no podemos vivir ayunados de gobernabilidad”, aseveró.
Consideró que si bien se han implementado acciones de vigilancia en los tramos carreteros de la entidad para combatir los asaltos, éstas no han sido suficientes para inhibir los casos. “Nosotros que somos ciudadanía y sector no podemos compararnos con la inseguridad, además hay presupuesto y todo para echar a andar la maquinaria necesaria para controlar y darle seguridad no solo a los transportistas, sino a la ciudadanía completa”.
Otros temas planteados en la minuta de octubre por la CET son que se detenga la operación de la plataforma de servicio particular de transporte denominada Pronto en los municipios de Tlaxcala y Apizaco, aunque “sabemos que hay intereses políticos de por medio, pero ya no estamos para eso, ya llevamos dos años de gobierno, creo que ya se ha estabilizado, pero los sectores de salud, transporte, educación, deben empezar a actuar porque creo que han permanecido callados”.
Asimismo, Saucedo Sánchez apuntó que continuarán con su demanda al gobierno de Mena Rodríguez para que autorice el incremento de 1.50 pesos a la tarifa mínima del servicio de transporte público a efecto de compensar los aumentos a los combustibles registrados durante 2018. “Monterrey, con un gobernador independiente y con una crisis económica más fuerte, autorizó el incremento a 12 pesos y Puebla va para allá”, argumentó.
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