2018 será recordado en la historia de México como el año en que se logra por la vía de las urnas evitar la imposición de un gobierno que diera continuidad a una política de corrupción, impunidad y empobrecimiento. La actual situación política en el país, sin que sea perfecta, abre la esperanza por reconstruir este país que en los últimos años ha generado miles de muertes en nuestra nación. Sin embargo, se requiere continuar con el fortalecimiento de la ciudadanía, que las agendas sociales que se han construido en las últimas décadas mantengan su dinamismo y exigencia para orientar la construcción de las diferentes políticas públicas necesarias para que las autoridades avancen ante los problemas que hoy aquejan a nuestra sociedad.
En el ámbito local, el escenario se mira complicado, poco a poco el gobierno en Tlaxcala ha dejado en claro que su prioridad no es garantizar el respeto y garantía de los derechos humanos. Por otra parte, el Poder Judicial y el propio Poder Legislativo, a pesar de que este último tiene una amplia mayoría de un partido de oposición, no logra generar verdaderos contrapesos políticos, quizá en buena medida porque las personas que ocupan las curules no tienen antecedentes en luchas sociales que buscan avanzar en la erradicación de problemas que históricamente nos han afectado. Otros órganos que desde su autonomía deberían fortalecer el cumplimiento de derechos humanos se miran muy débiles, tal es el caso de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del estado de Tlaxcala o el Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Tlaxcala.
Ante dicha debilidad política, es necesario que las organizaciones civiles, colectivos, redes y ciudadanía continúen sus procesos de educación, organización, sensibilización e incidencia. Es claro que problemáticas como la desaparición de mujeres, el feminicidio, la trata, los daños a la salud generados por la contaminación, deforestación, generación de basura, protección de semillas originarias, respeto a la integridad de las personas que migran, entre otras, no son una prioridad gubernamental. El cambio que se vaya dando respecto a estas problemáticas no dependerá de la buena voluntad gubernamental, como siempre ha sucedido en las luchas sociales, dependerá de la fuerza que se logre acumular como sociedad civil. En tanto estas problemáticas continúen y sigan afectando a las mujeres y hombres de nuestro estado, es nuestro deber ciudadano continuar levantando la voz, exigiendo que cada una de las víctimas acceda a la justicia y a la reparación del daño, que se implementen las estrategias y políticas públicas necesarias para prevenir y erradicar cada uno de los problemas que hasta hoy permanecen dañando a personas y comunidades.
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