Tres años y la familia de Karla Romero Tezmol sigue sin saber dónde está su hija. Tres años de sufrimiento y dolor inimaginable, de agravios e impotencia, de búsqueda de justicia y de respuestas. Tres años de exigencia. Y a tres años, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emite una recomendación al gobierno de Tlaxcala, ante los actos violatorios de derechos humanos cometidos por personal de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) y que no se olvide que la titular en ese entonces era la abogada Alicia Fragoso Sánchez, mujer indolente e ineficiente, que se amuralló en su soberbia y en su ineptitud para lastimar y obstaculizar el acceso a la justicia a una familia humilde que buscaba recuperar a su hija.
Las irregularidades de la PGJE, que tardó 22 días en emitir la Alerta Amber ante la desaparición de una niña de 11 años de edad, por las que la CNDH emite esta recomendación, deben sacudir no sólo a las actuales autoridades a redoblar esfuerzo y a dar vigencia al principio de no repetición para que nunca más una negligencia institucional violente los derechos de ninguna niña, de ninguna mujer, poniendo en riesgo su integridad y su vida. Pero tampoco hay que olvidar los nombres y apellidos de quienes ejercieron violencia institucional contra Karla Romero Tezmol y su familia, esperando hayan o sean separados de su cargo.
Los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial tienen la obligación de garantizar a las mujeres que vivimos en el estado nuestro derecho a vivir libres de violencia y deben comenzar por aprehender la ley y el reglamento en la materia. Así evitarían irresponsabilidades que apuestan por el protagonismo demagógico como la instalación el próximo 18 de enero de la absurda Comisión Especial para coadyuvar con las organizaciones civiles a realizar la solicitud de alerta de violencia de género.
Algunas preguntas a la presidente de dicha comisión proveniente de la 4T: ¿Cuánto recurso público con perspectiva de género gestionó y aprobó para integrarlo en el presupuesto del estado? ¿Sabe que hay que crear una ley que dé sustento y marco jurídico al Instituto Estatal de la Mujer, pues lo que existe es un decreto que no responde al mandato federal de transversalización de perspectiva de género?
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