Pobladores del municipio de Calpulalpan exigieron al Congreso local dar seguimiento a la solicitud de revocación de mandato del edil Neftalí Gutiérrez Juárez y su ayuntamiento –la cual fue presentada desde el año de 2018–, por presuntamente incurrir en diversas irregularidades, entre ellas un desfalco millonario a las arcas públicas y enriquecimiento ilícito.
En rueda de prensa, Enrique Cortés Díaz, acompañado de otros ciudadanos de esa Comuna, acusó a la LXIII Legislatura de incurrir en omisión, pues no obstante las pruebas que se han presentado sobre la actuación anómala del edil emanado del extinto Partido Encuentro Social (PES) no ha tomado cartas en el asunto para determinar si procede o no la revocación de mandato.
En este sentido, exigió que la bancada mayoritaria en el Congreso local –del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), el cual junto con el PES y Partido del Trabajo (PT), conforma la alianza Juntos Haremos Historia—sea congruente con su pregón de combate a la corrupción y actúen contra el Gutiérrez Juárez.
Para ello, Cortés Díaz exhibió una serie de documentos que, presuntamente, prueban las anomalías en que ha incurrido el edil, pero sobre todo se refirió al hecho de que en la aprobación de la cuenta pública de 2017 de Calpulalpan, el mismo Congreso local observó irregularidades en el manejo de los recursos que recibió, aunque al final fue aprobada.
“En la LXII Legislatura iniciamos con un expediente parlamentario, que es el 099/18, lo presentamos un mes antes de que concluyera esa legislatura. Iniciando esta legislatura comenzamos con la aportación de pruebas, con la exigencia de que el Congreso, los diputados que son mayoría sean congruentes con su dicho” en el combate a la corrupción.
Aclaró que la petición de revocación de mandato es tanto contra el presidente municipal y el ayuntamiento completo, pues en el caso de los regidores expuso que “hay una omisión” y en cuanto a la síndico por “negligencia”. En el caso del edil, dijo que “ha habido una total desobediencia a las leyes”.
Recordó que la cuenta pública de 2017 del municipio de Calpulalpan fue una de las últimas que fue aprobada por la LXII Legislatura–junto con la de Ixtenco, también gobernado por un edil impulsado por el extinto PES–, por lo que no descartó que “los diputados de esa legislatura hayan caído en contubernio” con Gutiérrez Juárez.
“Aprueban la cuenta pública y resulta que no solventaron (el ayuntamiento de Calpulalpan) más de 390 observaciones”, de las cuales asentó ya cuentan con copias certificadas del Informe de Resultados de la Fiscalización de la cuenta pública de 2017. Reveló que este documento les fue proporcionado, vía solicitud de información, por la Comisión de Finanzas y Fiscalización actual, que preside la diputada morenista María del Rayo Netzáhuatl Ilhuicatzi.
De acuerdo con una revisión que hicieron a ese informe de resultados, abundó, descubrieron que la administración de Gutiérrez Juárez “no logró la comprobación de más de 14 millones” en la cuenta pública de 2017.
También mostró fotocopias de un contrato con la empresa Puma, que presuntamente hizo el edil del Programa de Fortalecimiento para la Seguridad (Fortaseg), “el cual no está bien legalizado ante el pleno del cabildo” y en el cual se hace una observación sobre el uso de los 10 millones de presupuesto que recibió Calpulalpan en 2017, “pues solo ejecutaron ocho”.
“A la vez hace un contrato de arrendamiento con esa compañía Puma de 4 millones de pesos, aproximadamente, por una plataforma y un carro de basura. La plataforma tiene un año que fue observada en la cuenta pública, que le rechazan el contrato en el Órgano de Fiscalización Superior (OFS) porque causa un daño patrimonial de 2 millones 300 mil pesos. Descubrimos que ese contrato está mal hecho”.
Otra irregularidad en la que supuestamente cae la administración de Gutiérrez Juárez, denunció Cortés Díaz, es tener una nómina abultada de más de 634 trabajadores del ayuntamiento, “es el único municipio que tiene ese número de empleados. No descartamos que haya 100, 200 o 250 aviadores, porque es una exageración”.
Comentó que en el rubro de salarios, el edil también fue observado por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) por no devolver los impuestos obligados.
Asimismo, mostró otro fajo de copias “autentificadas” de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) de una denuncia que presentaron en 2017 contra Neftalí Gutiérrez Juárez por enriquecimiento ilícito, “y que el cual ya reconoce presentando un contrato de compra venta particular” de un inmueble en la comunidad de San Marcos Guaquilpan, municipio de Calpulalpan, “por la cantidad de un millón de pesos”.
Señaló que dicho contrato de compraventa lo presentó el edil a la PGJE como parte de las investigaciones que realiza por la denuncia, “y de esto también ya tienen conocimiento los diputados”.
Pese a estas pruebas, cuestionó que “a estas alturas, la actual Legislatura está omisa, está tranquila, no hace absolutamente nada, lo que nos obliga a hacer púbico que el Congreso del estado sigue pasivo desde que fue el dictamen” de la cuenta pública de 2017, que revela 391 observaciones sin solventar, “y que es un caso juzgado, porque la cuenta pública fue aprobada no sabemos en qué condiciones”.
“Todo esto ya tiene pleno conocimiento las comisiones de Puntos Constitucionales, de Finanzas y de Asuntos Municipales”, apuntó Cortés Díaz, quien pidió a los diputados José Luis Garrido y a Luz Vera Díaz, emanados también del PES, no tratar de intervenir a favor del edil de Calpulalpan.
Cortés Díaz aclaró que la solicitud de revocación de mandato la hacen como ciudadanos que buscan el desarrollo de Calpulalpan, pues no forman parte de ninguna organización ni partido político. En su caso, informó que fue regidor de ese municipio en el periodo 2002-2005 y desde entonces ha denunciado irregularidades de las administraciones municipales.
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