El Sindicato de Trabajadores al Servicio de los Poderes, Municipios y Organismos Descentralizados “7 de Mayo” anunció que emprenderá actos de protesta en contra de la disminución del presupuesto 2019 en el rubro de Pensiones Civiles y para que diputados locales expliquen la partida que garantizará el aumento salarial de 16. 2 por ciento.
Así lo puntualizó el secretario general de esta organización, Edgar Francisco Tlapale, en asamblea general ordinaria del Comité Ejecutivo y del de Vigilancia, en la cual dos mil 158 burócratas presentes aprobaron el informe anual de actividades.
El dirigente señaló que después de casi dos años se obtuvieron 48 resoluciones de juicios a favor de agremiados, aunque algunos aún están en trámite por aspectos que aún se valoran, pero “ya están del otro lado prácticamente” para lograr el pago de quinquenios, despensas, jubilación o pensión, según sea el caso.
Advirtió que a través de medios de comunicación se ha enterado de la reducción a la partida que el Poder Ejecutivo asignó a la iniciativa de Presupuesto de Egresos 2019 para Pensiones Civiles del Estado.
“El gobierno del estado, los Poderes, cumplen con su aportación de 18 por ciento y nosotros con el 12; aparte pretendían otorgar 50 millones como apoyo para poder subsanar las cuestiones económicas en este rubro, sin embargo, se los han disminuido en 12 millones de pesos”, indicó.
Explicó que el gobernador Marco Antonio Mena Rodríguez vetó el presupuesto aprobado en diciembre pasado por el Congreso local, de ahí que lo regresó con observaciones. “Yo les pido que estemos al pendiente porque de ser necesario tendremos que ir en suma, los tres mil compañeros a pedir a (diputados) que nos respeten” ese monto de 50 millones, pues el déficit es de más de 200 millones, “ojalá pudieran ponerle más dinero”.
Este recurso no le hace falta en este momento a trabajadores activos, pero sí a quienes están pensionados, porque no reciben sus incrementos y les disminuyen sus prestaciones, esto no podemos permitirlo, por eso hay que estar atentos al llamado del Sindicato, convocó.
Remarcó que esta situación “nos preocupa y nos aqueja”, pues a través de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (Conasami) se otorgó un incremento de 16.2 por ciento al salario, de ahí que el presupuesto del Ejecutivo y de los otros Poderes es disminuido, “creo que nos van a poner topes, creo que van a manifestar que no les alcanza, creo que nos pueden negar el derecho”.
Recordó que en 2018 se concedió 10.37 por ciento de aumento, que junto con la revisión alcanzó 11 por ciento. Por eso, instó a “visitar”, en forma ordenada y respetuosa, a congresistas cuando sesionen, “para decirles que si disminuyen y no nos toca el incremento van a afectar a nuestras familias”.
Además, precisó que en este porcentaje de crecimiento al salario mínimo, el “7 de Mayo” no está de acuerdo, ya que en la zona fronteriza del país fue autorizado en 100 por ciento. Por tanto, reiteró que es necesario que los legisladores aclaren la partida mediante la cual se garantizará dicho aumento.
“Nosotros somos la fuerza del gobierno, porque tenemos la experiencia, hemos trabajado durante muchos años y nos hemos hecho buenos servidores públicos y lo vamos a seguir siendo; tenemos el derecho de recibir un incremento decoroso. Que sepan allá afuera que la asamblea ha cambiado, que estamos unidos en la defensa de nuestros derechos”.
Expuso que hay 280 personas “en fila” para obtener su pensión y que en dos años se han generado pensiones caídas. Asimismo, anotó que esta organización presentará una reforma a la ley en la materia y puntualizó que los Poderes de gobierno y los municipios deben cumplir con el incremento salarial en 16 por ciento, ya que esta ha sido una instrucción emanada desde la presidencia de la República.
Enfatizó que la base trabajadora demostrará su fortaleza ante cualquier entidad que vulnere sus derechos, como en el caso del ayuntamiento de Chiautempan, pues existe un emplazamiento a huelga, pero indicó que de ser necesario realizarán movilizaciones en apoyo a más de 90 agremiados.
Por otra parte, mencionó que de los 32 convenios signados con municipios, todavía quedan algunos pendientes, entre ellos, Nativitas y Tetlanohcan. Llamó a alcaldes a reinstalar a trabajadores sindicalizados, a dialogar y a respetar derechos y conquistas laborales.
Refirió que hay finanzas sanas y la contabilidad “va al corriente”. Dijo que en el ejercicio fiscal 2018 el sindicato registró ingresos totales por 12.6 millones de pesos y 11.9 millones de egresos, por lo que el saldo actual disponible es de 658 mil pesos. Mientras que la caja de ahorro, en la que participan 338 trabajadores, ha generado 2.3 millones de pesos de ingresos con intereses.
También fue aprobado el informe de María del Pilar Meneses Torres, representante del Comité de Vigilancia, quien sin mencionar nombres, aludió a los exdirigentes del “7 de Mayo” Pedro Erazo y Guadalupe Rodríguez Guzmán.
Los señaló de tener intereses “familiares y mezquinos”; de ser traidores a los estatutos y manipuladores, de estar obsesionados con el poder, de corrupción y de ser “falsos liderazgos” que se niegan a ser expulsados de este gremio.
En esta asamblea, celebrada en el Centro de Convenciones, Amalia de la Cruz Pozos denunció públicamente que Guadalupe Rodríguez Guzmán, ahora ex dirigente, y Elodia Flores, también integrante del Comité Ejecutivo, no le pagaron gastos médicos.
Asentó que el caso se encuentra en litigio y por tanto, aún “no están ellas libres de culpa”, pues una juez verificó que ese dinero fue depositado a una cuenta personal todavía vigente.
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