
En 2018, en Tlaxcala se registraron 662 hechos presuntamente violatorios; sin embargo, la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) desechó más de 80 por ciento de las solicitudes de queja recibidas, de ahí que la entidad se ubicó en el lugar 29 del país, por aceptar solo una proporción menor.
Así lo muestra el Tercer Censo Nacional de Derechos Humanos 2019, en los ámbitos federal y estatal, elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
En 2018, la CEDH ejerció un presupuesto de 21 millones 366 mil 661 pesos, concepto en el que se posicionó en lugar 26 de las 32 entidades federativas, por debajo de la Ciudad de México que tuvo el mayor, con 453.7 millones.
Sobre el ejercicio de la función en materia de protección de derechos humanos desempeñada por este organismo, el estudio puntualiza que de la totalidad de solicitudes de queja recibidas el año pasado, solo 14 por ciento fue aceptado, lo cual significó la apertura de expediente.
Casi la mayoría, más de 80 por ciento, fue desechado y una mínima parte quedó clasificada como pendiente; a diferencia de Aguascalientes, Baja California, Campeche, Durango, México, Oaxaca, Quintana Roo y Sonora, cuyos organismos aceptaron 100 por ciento.
En este apartado, la CEDH tuvo el lugar 29 en el país, en la gráfica que incluye a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), con 38.9 por ciento.
De manera general, con base en la información de la CNDH y de los organismos estatales, el Inegi expone que del total de solicitudes de queja aceptadas, 16.8 por ciento corresponde a población afectada en sus derechos y 15 por ciento a personas privadas de la libertad.
Seguido de 10.5 por ciento, referente a “niñas y niños adolescentes”; 8.4 a víctimas de delitos, 7.2 a adultos mayores, 4.2 a población indígena, 2.2 a migrantes, 2.1 a personas con discapacidad y 2.0 a mujeres víctimas de discriminación o de violencia.
Otro 1.9 por ciento es relativo a estudiantes, 0.9 a “presuntas personas desaparecidas”, 0.4 a la población Lésbico, Gay, Bisexual, Transexual, Transgénero, Travesti, Intersexual y Queen (LGBTTIQ), e igual proporción a periodistas; 0.3 a defensores de derechos humanos y 27.7 a “otros”.
Asimismo, de manera global, indica que de los expedientes de queja atendidos la Procuraduría General de Justicia o Fiscalía General de la entidad es la institución más señalada como probable responsable, con 18.3 por ciento.
A esta representación le siguen, “la Seguridad Pública estatal u homóloga”, con 10.8 por ciento; los ayuntamientos, con 7.9; la Secretaría de Educación Pública, con 7.8, y la Secretaría/Dirección de Seguridad Pública y Vialidad Municipal, con 7.4.
La Secretaría de Salud, con 4.6; la Secretaría de Gobierno estatal, con 4.5; el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), con 4.2; el Sistema Penitenciario Estatal, con 3.2; el Poder Judicial, con 2.1; el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste), con 1.6; la Policía Federal, con 1.1 y la Secretaría de Educación Pública federal, con 1.0, mientras que la clasificación “otros”, con 25.5.
De los 167 mil 409 hechos presuntamente violatorios, registrados en el país durante 2018, 24 mil 476 correspondieron a la CNDH y los 142 mil 933 restantes, a los organismos estatales, y de estos 662 incumbieron a la CEDH, cifra mayor a estados como Sinaloa donde hubo 567 y a Morelos donde ocurrieron 655, pero la Ciudad de México destacó al cuantificar 35 mil 932.
Derivado de estos, el Inegi muestra que Tlaxcala fue la tercera entidad en cuanto a “violación al principio de legalidad en el desempeño de la función pública”, con 22.7 por ciento; el primero lo ocupó Sonora, con 53.5, y el segundo Durango, con 28.9.
A ese hecho le secundaron, la detención arbitraria, la negativa o inadecuada prestación de servicios públicos y la transgresión del derecho a la personalidad jurídica.
El diagnóstico puntualiza que de los 126 mil 325 víctimas registradas en expedientes de queja calificados como violatorios de derechos humanos, tanto en la CNDH como en organismos estatales, 56.3 por ciento fueron hombres; 39.6, mujeres; 2.7, colectivos o grupos, y 1.4, no se identificó. El principal tipo de conclusión de casos fue la “solución por conciliación”, con 15.5 por ciento.
Otro dato que aporta este Censo Nacional de Derechos Humanos es el relativo a la distribución de titulares de unidades administrativas, por sexo. En el caso de la CEDH, 52.9 por ciento son mujeres y 47.1, hombres.
Esto ubica a la CEDH en el lugar número 11, con relación al resto de los organismos del país y la CNDH, de los cuales el de Zacatecas sobresale con 76.5 por ciento en espacios ocupados por el género femenino, mientras que el de la Nacional es de 41.2.
En cuanto al total de servidores públicos adscritos a unidades administrativas de la CEDH, también hay una tendencia similar: 60.7 por ciento son mujeres y 39.3, hombres.
