El albergue “La Sagrada Familia” es un oasis para migrantes, pero “cada vez con más riegos”, porque ha si blanco de muchas agresiones y de amenazas verbales hacia el equipo de voluntarios y colaboradores, aseveró Elías Dávila Espinoza, representante de esta casa ubicada en el municipio de Apizaco.
En nueve años de acompañamiento a población en tránsito, principalmente centroamericanos, en el camino hacia el norte de país para cruzar a Estados Unidos, se ha registrado una serie de embates, tanto a las instalaciones como a estas personas que pernoctan de manera temporal, lamentó.
Sin embargo, en los últimos meses se han recrudecido estas acciones y una de las más emblemáticas es el incendio propiciado (el 11 de septiembre pasado) en el área de oficinas “de manera consciente y con toda la maldad, porque no se trató de un robo”.
El también sacerdote comentó que personal de Protección Civil le mencionó que el fuego fue provocado con el uso de alrededor de 20 litros de gasolina.
Refirió que hasta ahora solamente se ha denunciado este hecho ante el Ministerio Público, por parte del albergue y de la asociación civil Un Mundo Una Nación, pero que será integrada una más en la cual se van a acumular otras situaciones. “La del incendio es la más significativa y la de más ataque a lo que hacemos”.
A la pregunta de si teme por su vida y la de colaboradores y voluntarios, acentuó que todo trabajo implica riesgos, “y sí –acentuó- como todo mundo, tenemos miedo; a pesar de ello confiamos en Dios y seguimos adelante”.
Pero recalcó que en todo este entorno “el migrante corre más peligro que nosotros, porque sube al tren, le roban… los policías no solo lo han perseguido, lo han baleado, y los agentes del Instituto Nacional de Migración (INM) los han correteado”.
Además, hay el rumor de que los habitantes podrían linchar o quemar, en caso de que incurran en un ilícito, lo cual es preocupante porque se corre el riesgo de que sean acusados sin fundamento alguno y sean víctima de alguna agresión.” Es un asunto muy delicado; sentimos ese rechazo hacia ellos”.
En el contexto del noveno aniversario de este albergue, que cumple en este mes de octubre, consideró que también “hay más logros; las familias y heridos que hemos atendido, las visas humanitarias que se han gestionado y concedido, pero sobre todo la visibilización de la migración a nivel estatal y una propuesta de ley en esta materia”.
Afirmó que se ha avanzado mucho en acciones de este tipo, así como en obras materiales al interior de la casa, como la remodelación, pero los retos continúan, sobre todo porque esta población en tránsito es criminalizada, no solo en Apizaco sino en todo el país.
El desafío de este albergue es el de crear entre la sociedad, particularmente entre vecinos, la cultura del respeto al derecho del migrante y a pesar de las intimidaciones, se le apuesta al diálogo, por lo que es importante encontrar la forma de llevarlo a cabo, apuntó.
“Yo sé que muchos se quejan porque hay migrantes que son agresivos… pero siento que en Apizaco, en Tlaxcala, la mayoría de delitos no es por el ambiente generado por la presencia de centroamericanos”.
Lamentó que las actitudes discriminatorias crezcan cada día y que algunas se expresen con acciones como la instalación de una reja de malla de metal con cerco eléctrico en la parte superior, en la parte que da acceso al albergue. “Quisiéramos que no estuviera”.
Precisó que este enrejado, impuesto por vecinos, abarca un terreno de jurisdicción federal y que se encuentra bajo custodia de la iglesia. Confió en que la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) resuelva la queja promovida en contra de este hecho y que emita una recomendación.
Por otra parte, a través de la diócesis de Tlaxcala, se buscará interponer un juicio ante instancias federales “para lograr que se nos dé el paso, pues nos están impidiendo el libre tránsito, digno, en el que al menos entre un vehículo”.
Aun cuando esta reja fue colocada sin aviso previo a la parroquia de Cristo Rey, ya se observa una lona en la que se especifican horarios para mantenerla cerrada.
“La seguridad le corresponde al municipio, con un mecanismo, porque así como hay migrantes malosillos, también hay mexicanos que lo son, incluso apizaquenses”, por lo que debe generar un espacio de salvaguardia “en el que todos estemos en convivencia”.
En la colonia Ferrocarrilera, donde se ubica la parroquia y el albergue “La Sagrada Familia”, los vecinos están unidos contra la delincuencia y han emprendido algunas formas de aviso ante un posible ilícito, como la instalación de alarmas y chicharras, añadió.
“Pero queremos que no solo se mire la seguridad de la población apizaquense sino también la de migrantes porque son personas como nosotros”. Insistió en que hay “que verlos como hermanos y amigos, y si comete un delito que se le sancione al igual que se hace con un mexicano, pero no hay que criminalizarlo”.
Agencia de Noticias Huamantla.org 