Con la finalidad de atender “la grave problemática que demanda la sociedad en lo relativo al combatir la corrupción”, además de consolidar la rendición de cuentas, controlar, vigilar y evaluar el ejercicio, uso y destino del gasto público, la diputada María del Rayo Netzáhuatl Ilhuicatzi propuso la creación del Órgano Interno de Control en cada uno de los 60 ayuntamientos de la entidad.
En la sesión ordinaria de este jueves, la legisladora presentó al pleno del Congreso local su propuesta de reforma y adición a diversos numerales de la Ley Municipal, a fin de crear esta instancia, la cual ya se contempla en la Constitución Política local pero que ha sido omitida en su conformación por las autoridades municipales.
La propuesta de la legisladora de Morena es la de crear el Órgano Interno de Control como una unidad administrativa municipal con autonomía técnica y de gestión para decidir sobre su funcionamiento y resoluciones. Dicha instancia estaría a cargo de promover, vigilar y evaluar los ingresos y el uso destino de los recursos públicos; el buen funcionamiento del control interno de la administración municipal; así como de la investigación, substanciación y procedimiento sancionador por faltas administrativas de conformidad con la Ley General de Responsabilidades Administrativas; y en su caso, la denuncia de delitos cometidos por los servidores públicos”.
La también presidenta de la Comisión de Finanzas y Fiscalización del Congreso local sostuvo que el espíritu de su iniciativa es el de “atender la grave problemática que demanda la sociedad en lo relativo al combatir la corrupción, consolidar la rendición de cuentas, controlar, vigilar y evaluar el ejercicio, uso y destino del gasto público; asimismo fortalecer el procedimiento sancionatorio ante faltas graves y no graves mediante la creación del órgano interno de control, en el orden municipal”.
Reiteró que desde el mes de julio de 2017 ya existe esta figura desde la Constitución local, pues en el artículo 111 bis se establece que el Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado y los órganos internos de control de las entidades estatales y municipales son competentes para investigar y sustanciar las denuncias y procedimientos oficiosos sobre actos u omisiones que podrían constituir faltas administrativas graves, y el Tribunal de Justicia Administrativa será el órgano competente de su resolución. Las demás faltas y sanciones administrativas, serán conocidas y resueltas por los órganos internos de control de cada entidad estatal o municipal”.
Por lo que, en sentido estricto, la propuesta de la legisladora, dijo, busca subsanar esa omisión en la que han incurrido las autoridades al no existir un mandato expreso, por lo que confió en que la aprobación de la norma ayudaría a evitar actos de corrupción que han generado año con año graves afectaciones a la hacienda pública.
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