La nueva Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado, que dotará de una nueva estructura al gobierno entrante de Luis Miguel Barbosa Huerta, retira a la Secretaría de Gobernación de Puebla el control del gabinete, así como la posibilidad de operar un sistema de “espionaje político”.

El cambio da marcha atrás a la política de gobernabilidad que implementó desde 2011 el ex mandatario del PAN Rafael Moreno Valle Rosas, a quien se le acusó de crear una red clandestina de vigilancia y escuchas de conversaciones privadas que todavía es investigada por la Fiscalía General del Estado (FGE).

La nueva ley se presentará al Congreso de Puebla mañana para que éste inicie su revisión y es resultado de un trabajo coordinado de diseño y análisis en el que participaron Barbosa y los líderes de los grupos parlamentarios.

Todas las secretarías tendrán igual rango

La iniciativa propone cambiar la denominación de Secretaría General de Gobierno, otorgada por Moreno Valle, a Secretaría de Gobernación, además de que le dota de una “fisionomía distinta” para que “pueda dedicarse de manera toral” a su principal función que es la política interior del Estado y su relación con los demás órdenes, de acuerdo con la exposición de motivos del proyecto.

De entrada, suprime al titular de la dependencia la atribución de fungir como coordinador del gabinete e incorpora en el artículo 23 la determinación de que “las secretarías tendrán igual rango y entre ellas no habrá preeminencia alguna”.

En caso de que exista duda respecto de la competencia de las dependencias, el numeral de la iniciativa antes señalado indica que “el gobernador decidirá a cuál de ellas le corresponderá atenderlo”.

CONSERVARÁ SISTEMA DE INVESTIGACIÓN

Aunque la Secretaría de Gobernación conserva la facultad prevista en la ley –creada por Moreno Valle– de operar un sistema de investigación y análisis de información para la toma de decisiones, se aclara en la exposición de motivos del proyecto que nunca deberá ser utilizado “para efectos de espionaje político”.

La iniciativa argumenta que es necesario mantener el sistema de investigación al señalar que es “una facultad indispensable para el ejercicio de las demás acciones de gobierno” ya que coadyuva en “preservar la cohesión social y conservar la gobernabilidad democrática”.