En el gobierno de Luis Miguel Barbosa Huerta, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) perderá la atribución de intervenir ante situaciones de “peligro general” o “amenazas de disturbios”, debido a que esto “puede dar pie a criminalizar la protesta social”.
El cambio se propone en la iniciativa de Ley de Orgánica de la Administración Pública del Estado que el Congreso de Puebla comenzará a revisar mañana para aprobarla antes del inicio de la próxima administración el 1 de agosto.
El artículo 48 de la normativa vigente establece que le corresponde a la SSP colaborar con las autoridades federales, estatales y municipales “con el objeto de preservar el orden público protegiendo la integridad física de las personas y sus bienes”.
Agrega que la defensa del orden público se llevará a cabo “particularmente en situaciones de peligro general, cuando se vean amenazados por disturbios o en otras situaciones que impliquen violencia o riesgo inminente en un sector determinado”.
En la exposición de motivos de la iniciativa de ley, se explica que dicha disposición es inconstitucional, porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha determinado que no se puede criminalizar la protesta social.
En esa lógica, en el proyecto se propone cambiar la redacción de ese apartado para indicar que la intervención de los agentes policiacos del estado tiene como objeto “preservar el orden público protegiendo la integridad física de las personas y sus bienes frente a situaciones que impliquen violencia o riesgo inminente”.
La corrección se encuentra en el artículo 46 de la iniciativa de ley, la cual surgió de un trabajo coordinado de diseño y análisis en el que participaron el gobernador electo y los líderes de las fracciones parlamentarias.
Agencia de Noticias Huamantla.org 