Cuatro detenidos y al menos 30 heridos, de los cuales dos requirieron atención médica, fue el saldo que arrojó el operativo que implementaron este miércoles la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) y la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) para “liberar” las instalaciones del complejo Secretaría de Educación Pública del Estado-Unidad de Servicios Educativos de Tlaxcala (SEPE-USET) que mantenían en su poder agremiados a la delegación D-III-1 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) desde el pasado 3 de junio.
La acción fue condenada por la secretaria general del comité delegacional, Gwendolynne Amaro Ramírez, quien observó que con esta decisión, el gobernador Marco Antonio Mena Rodríguez, contravino la indicación del presidente Andrés Manuel López Obrador de no utilizar la fuerza pública en contra de la ciudadanía.
Cabe recordar que personal de asistencia y apoyo a la educación adscrito a las oficinas centrales de la USET mantenía “tomadas” las instalaciones y un paro laboral desde el 3 de junio pasado para exigir al titular del sector, Manuel Camacho Higareda, la respuesta a una minuta de 28 puntos y la destitución de Claudia Inés Xochihua Rodríguez como directora de Relaciones Laborales, a quien señalan de incurrir en acoso laboral contra los trabajadores.
Desde las tres horas de este miércoles, según testimonios de trabajadores que hacían guardia en las instalaciones del complejo SEPE-USET ubicadas a las afueras de la capital del estado en dirección a los municipios de Tepeyanco y Zacatelco por la carretera federal a Puebla, comenzaron a arribar al lugar grupos de ganaderos con la intención de desalojarlos.
El desalojo de aproximadamente 30 trabajadores que hacían guardia en el edificio se concretó entre las cuatro y cinco de la madrugada, sin embargo, desde momento y hasta las 11 horas de este miércoles se sucedió una serie de conatos de violencia entre los elementos policiacos y el personal inconforme, en los cuales estos últimos sacaron la peor parte.
Respecto del operativo, la Coordinación de Información y Relaciones Públicas del gobierno del estado dio a conocer a través de un comunicado, que se realizó “en estricto apego a derecho y derivado de diversas denuncias interpuestas”, y fue encabezado por elementos del Ministerio Público de la PGJE con apoyo de elementos de la SSC.
Como resultado de estas acciones, los agentes reportaron la puesta a disposición ante las autoridades correspondientes de cuatro personas “por resistencia de particulares a un mandato de la autoridad e impedir que esta dependencia realizara sus labores, así como por la retención de un vehículo particular”.
No obstante, Guadalupe Herrera, integrante del comité delegacional, aseguró vía telefónica a este medio, que los elementos de la PGJE y la SSC incurrieron en actos violentos durante el desalojo del inmueble, además exigió la pronta liberación de sus compañeros que fueron detenidos durante esa acción, cuyos nombres son Guillermo Galicia, Cosme Hernández, Paulino Trujillo Paredes y Rosa María Díaz Tizapantzi.
Empero, en el comunicado oficial se señala que “el operativo se desarrolló de manera pacífica conforme a los protocolos de actuación policial y ante la presencia de Francisco Menacho Díaz y Agustín Flores Peña, Primer Visitador y Visitador Adjunto, respectivamente, de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), con la finalidad de garantizar el respeto a las garantías individuales de los detenidos”.
Tras el operativo y las detenciones, agrega, las instalaciones de la SEPE-USET fueron entregadas a las autoridades de esta dependencia con la finalidad de regresar a la normalidad el trabajo administrativo que se mantenía detenido por esta acción de ilegalidad. Del mismo modo, concluye, se pusieron a resguardo las instalaciones donde se almacenan los libros de texto gratuitos en San Pablo Apetatitlán.
Un segundo momento de tensión y de golpes se registró alrededor de las 9 horas, cuando por uno de los accesos laterales al complejo, elementos de la Policía Estatal montaron un dispositivo para ayudar a salir a autoridades educativas, entre ellas presuntamente Xochihua Rodríguez, que ingresaron a las instalaciones para verificar que estuvieran en orden.
La presencia de esa funcionaria en ese lugar enardeció los ánimos de los trabajadores, quienes la acusaron de aprovechar esta situación para entrar a su oficina y extraer documentos que la comprometen, pues son sobre presuntas actividades irregulares.
Fue en este forcejeo donde se registró el mayor número de trabajadoras y trabajadores golpeados, dos de ellas tuvieron que ser trasladadas al hospital del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) para suturarles las lesiones que les fueron hechas por los policías con sus toletes.
Otro par que también presentaban sangrado en el cachete y en la cabeza no se apartaron del lugar para seguir apoyando a sus compañeros; mientras que varias trabajadoras denunciaron tocamientos en sus partes nobles por parte de los elementos policiacos.
Tras esa refriega, el grupo inconforme se trasladó al acceso principal del complejo SEPE-USET donde realizó un breve mitin para denunciar esos hechos y lanzar consignas y acusaciones de represores contra el gobernador Marco Antonio Mena Rodríguez y contra el titular del sector Manuel Camacho Higareda, por lo cual exigieron la “destitución” de ambos.
También criticaron la actuación del secretario general de la sección 31 del SNTE, Demetrio Rivas Corona, y lo acusaron de traidor por no apoyarlos en su movimiento y sus demandas.
Ya para entonces, alrededor de las 10:20 horas, los trabajadores inconformes no rebasaban la media centena, pero sí bloqueaban el acceso a la SEPE-USET y parte de los edificios que albergan las oficinas de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCA) y de la Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Vivienda (Secoduvi).
Esta fue la razón para que alrededor de 100 granaderos saliera del complejo educativo y, golpeando sus toletes en sus escudos, se dirigieron hacia donde se encontraba el grupo inconforme y los fue empujando hasta el estacionamiento de la JLCA. Algunos de los trabajadores pedían a sus compañeros que ya no opusieran resistencia para que no aumentara el número de heridos, pero aun así los policías alcanzaron a soltar varios golpes.
Todas estas acciones fueron registradas no solo por medios de comunicación que acudieron a cubrir los hechos, sino también por las mismos trabajadoras y trabajadores a través de sus dispositivos móviles, sin embargo, al momento de tratar de subir los videos a las redes sociales se dieron cuenta que no podían lo que les hizo pensar que el gobierno estatal bloqueó la señal de sus celulares, pero la razón fue la caída del sistema que tuvieron Facebook y WhatsApp a nivel mundial durante la mañana.
Una vez que fue “liberado” el acceso, los ánimos se calmaron, mientras los pocos trabajadores y trabajadores que quedaban se dispusieron a esperar el arribo de su líder sindical, Gwendolynne Amaro, quien desde la tarde del martes pasado se había trasladado, junto con otros dos integrantes de su comité, a la Unidad de Atención Ciudadana de la Presidencia de la República para dar seguimiento a una solicitud de apoyo que hizo al gobierno federal para la solución de este conflicto.
En entrevista vía telefónica, la líder sindical aseguró que sí hubo violencia en el desalojo de sus representados de la SEPE-USET, pese que “este es un movimiento pacífico que buscó hasta el último momento el diálogo, se estuvieron llevando documentos y escritos a todas las instancias debidas para que se sentara la mesa de respuesta a las prestaciones que no están siendo aplicadas”.
Por tal motivo, advirtió “seguimos en resistencia” y “solicitando diálogo”, pero a la vez continuarán dando seguimiento a este asunto ante las instancias administrativas y legales correspondientes. Recordó que el paro laboral y “toma” de instalaciones continúa en otras áreas de la SEPE-USET, entre ellas el Centro de Cómputo, la Coordinación de Servicio Social de Instituciones de Educación Superior (Cossies) y un almacén de libros de texto gratuito que se encuentra en San Pablo Apetatitlán.
Dijo que la versión de las autoridades de que el desalojo se llevó a cabo en seguimiento a la denuncia de un particular, es solo una excusa para justificar el acto violento que realizaron. Expuso que si bien ya las instalaciones de la dependencia están en poder de las autoridades, hasta el momento no hay una indicación del titular del sector para que se presenten a laborar, aunque adelantó que ellos continuarán en paro.
Informó que en la Unidad de Atención Ciudadana de la Presidencia de la República les dijeron que ya se instruyó a la Secretaría de Educación Pública (SEP) federal que dé seguimiento a este asunto.
Amaro Ramírez responsabilizó al gobernador, a Camacho Higareda y a Demetrio Rivas de cualquier situación que atente la integridad física de ella y los integrantes de su comité, pues denunció que personas desconocidas se han abocado a vigilar sus domicilios. “Estamos temerosos de situaciones de violencia física y laboral”.
“Para mí lo lamentable es que este desalojo haya sido promovido y validado por Demetrio Rivas Corona, es lamentable que la sección 31 del SNTE haya estado del lado de la violencia contra los trabajadores. Lamentamos que Rivas Corona no es un líder, es un títere del sistema. Nosotros vamos a seguir defendiéndonos solos”.
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