El exdirector de la Policía Estatal Acreditable (PEA), José Jorge López Pérez, presentó denuncia penal en contra de la Exprocuradora de Justicia del Estado, Alicia Fragoso Sánchez; el Ex Subprocurador, Víctor Pérez Dorantes; así como varios entonces Policías Ministeriales, por manipular las instituciones en la invención de un caso e incurrir en actos de tortura para inculpar a siete ex oficiales en la comisión de delitos de secuestros exprés en enero de 2015.
Respecto a la recomendación CEDHT/CVG/06/2016 emitida en días pasados por la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) a la Secretaría de Gobierno (SEGOB) y a la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), que ampara a los siete ex policías acreditables que fueron procesados y exonerados -una de las cuales aún se encuentra tras las rejas-, López Pérez exigió justicia y castigo para quienes de manera perversa imputaron falsamente a policías, dejándolos en completa indefensión y exhibiéndolos ante la sociedad, a pesar de no haber cometido delito alguno.
En conferencia de prensa este martes acompañado de los abogados Juan Carlos Carmona y Eduardo Pretelín Elizar, así como los ex oficiales Patricia Aguilar y Efrén Rodríguez, el ex titular de la PEA señaló directamente a Pérez Dorantes como el que ordenó la tortura, pero a Alicia Fragoso Sánchez de ser la autora intelectual de todo el montaje con el que logró incluso engañar al entonces Gobernador Mariano González Zarur y llamar la atención tanto de la prensa local como nacional e internacional.
En ese sentido, los afectados apelaron a la responsabilidad y voluntad del actual jefe del Ejecutivo estatal, Marco Mena, para que los titulares de la SEGOB y la PGJE no solo acepten la recomendación y cumplan con lo establecido en la misma en un término global de 30 días, sino que vele porque en este caso la impunidad no se haga presente con un carpetazo, pues de hecho tiene una enorme oportunidad para demostrar que en Tlaxcala se puede aplicar el estado de derecho.
Por su parte, el abogado defensor de López Pérez, Juan Carlos Carmona, dio a conocer que los puntos en los que el órgano garante se pronunció, fue para que se les pague a todos los ex oficiales los salarios caídos de poco más de dos años que estuvieron tras las rejas, las prestaciones de Ley correspondientes y se ponga en libertad a la única persona que continúa recluida en el Anexo Femenil de Apizaco.
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